DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), organismo técnico especializado del Ministerio de Salud (MINSA) ha brindado un total de 62 mil atenciones por vulneración de derechos en salud durante el Estado de Emergencia Sanitaria frente al COVID-19, comprendido entre marzo a agosto del presente año. Siendo la cifra total 91 mil atenciones en lo que va del 2020.[19]
Entre los principales motivos de estas denuncias, destacan la negativa de atención en la emergencia, la falta de cobertura e información sobre seguros.[19]

Sobrepoblación en la UCI (disponibilidad de camas uci), Alto número de pacientes UCI (cuántos pacientes están en UCI) 

Para el 14/09/20, de 10 002 personas hospitalizadas, 1460 están actualmente internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) [21]. Quedando disponibles 280 camas UCI con ventiladores en todo el país. [22]

Mobirise

Gráfico 18: Elaboración del grupo. Fuente: Información recopilada de la fuente. [22]

Pocos recursos económicos destinados a salud

Antes de la pandemia :
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recomendable asignar como mínimo al gasto público en salud un equivalente al 6% del producto bruto interno (PBI) [23]; sin embargo, según cifras del Banco Mundial del 2016, nuestro país mantuvo el menor gasto en salud, del 3.3% del PBI, en comparación con los países de la Alianza del Pacífico [24]. Y para el 2019, el Perú destinó el 2.2% del PBI aproximadamente. [23]
Durante la pandemia:
Según el portal de consulta de recursos para el COVID-19 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se inyectaron S/5.752 millones (un 0,77% del PBI) más al sector público para financiar el combate a la pandemia. De ese total, unos S/1.063 millones fueron destinados al sector salud, el segundo sector que más dinero recibió, después de protección social (S/3.008 millones). [25]
Para la adquisición de equipos y aparatos médicos fueron asignados S/209 millones.
Para la construcción de nueva infraestructura se dispone de poco más de S/21 millones. Para suministros médicos, lo que incluye productos farmacéuticos, materiales, insumos, instrumentos y accesorios, se han presupuestado S/300 millones. [25]
Otros países:
Chile ha destinado US$226 millones para insumos médicos, equipamiento y fortalecimiento hospitalario. Con esos recursos, ha pasado de tener 22 camas de hospital por cada 10.000 habitantes –antes de la pandemia– hasta 23,1. De acuerdo con sus autoridades, el 50% de los ventiladores mecánicos todavía está disponible por si fuera necesario. [25]
Colombia, además del presupuesto destinado a salud, ha priorizado la inversión en el desarrollo de aplicaciones que permitan la identificación de las zonas con mayores contagios para una mejor dirección de políticas. Asimismo, señala, se han abierto los canales de apoyo de académicos, especialistas y epidemiólogos. [25]

Deficiencia de implementación de protocolos de rehabilitación

A través del Decreto Legislativo N° 1490, todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados, incluyendo los de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú tendrán que implementar y financiar servicios de telesalud para brindar atención a sus pacientes durante las declaratorias de emergencia nacional y alertas rojas, según dispuso el Poder Ejecutivo. [26]
La obligación comprende la prestación de servicios médicos utilizando tecnologías de información para el telemonitoreo de las condiciones de los pacientes, la teleorientación para absolver sus consultas y brindar indicaciones y la telegestión de los establecimientos. Las entidades también brindarán servicios de teleconsulta a los pacientes y teleinterconsulta, entre profesionales de la salud [26]
La Superintendencia Nacional de Salud del Minsa es la encargada de la supervisión del cumplimiento de las condiciones del servicio [26]; y a nivel nacional, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, es responsable de difundir la directiva administrativa hasta el nivel regional, así como brindar asistencia técnica, implementarla y supervisar su cumplimiento. [27]
Se puede concluir que si se han implementado protocolos para la atención remota de pacientes COVID-19; sin embargo, no ha habido seguimiento sobre su implementación por parte de las entidades responsables.

Tardías políticas de salud pública en rehabilitación

Al haber empezado la pandemia en el mes de marzo, se puede evidenciar que las políticas implementadas sobre rehabilitación para pacientes COVID-19 dados de alta, se han empezado a desarrollar a partir del mes de setiembre y agosto,como es en el caso de Essalud [28], Hospital Dos de Mayo [29], y el INR [30] con lo cual se puede concluir que existe una demora en la implementación de estos protocolos y que han podido tener un impacto en la población que ha tenido la pandemia en la población.
Por otro lado, la demora en la gestión de los recursos económica es notoria:
    • Los datos del MEF revelan que, al 8 de mayo, se habían ejecutado S/271 millones; es decir, un avance de 25%, lo que supone un     un desafío pendiente en la gestión de esos recursos. [25]
    • Para la adquisición de equipos y aparatos médicos se han ejecutado S/74 millones; lo que supone un 35,4% de avance. [25]
    • Para la construcción de nueva infraestructura solo se ha utilizado el 1,2%. [25]
    • Para la compra de suministros médicos, tras dos meses en la coyuntura de la emergencia se han utilizado algo más de S/50     millones (el 16,7%), en un contexto en que los trabajadores del sector reclaman equipos de protección personal (EPP). [25]

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